La amenaza de cerrar Machu Picchu y la disputa que desnudó el vacío de poder en el turismo peruano
En Cusco, cuando un alcalde habla de cerrar Machu Picchu, no opina: sacude al país. Eso hizo el burgomaestre de Urubamba, Ronald Vera, al anunciar que evalúa clausurar la llaqta uno o dos meses desde enero de 2026. La frase, lanzada sin sustento y sin competencia legal, desnudó la fragilidad con la que el Perú administra su principal atractivo turístico.
La reacción fue inmediata. Gremios y autoridades recordaron lo obvio: un alcalde no puede cerrar Machu Picchu. La ciudadela está bajo la administración del Ministerio de Cultura y el SERNANP; cualquier cierre requiere informes técnicos y decisión del Gobierno central. La propuesta, además de inviable, golpeó directamente al sector que sostiene a Cusco.
Las cifras explican el pánico: más de un millón de visitantes entre enero y septiembre de 2025, 78% extranjeros, un gasto promedio superior a los USD 1.000. Un mes sin Machu Picchu significaría hoteles vacíos, guías sin trabajo, artesanos sin ventas y un daño reputacional inmediato en los mercados internacionales.
La raíz del conflicto no está en la llaqta, sino en la ruta Hiram Bingham: un proceso de licitación trabado, expedientes con observaciones y pugnas entre entidades. En medio de ese enredo, el alcalde lanzó una amenaza que hizo más ruido que soluciones.
No habrá cierre —porque no puede haberlo—, pero el daño ya empezó. Operadores ajustan itinerarios, turistas preguntan, agencias advierten. Lo urgente ahora es claridad: descartar cualquier clausura, transparentar la licitación y establecer una sola línea técnica que ponga fin al desgobierno.
Machu Picchu ha sobrevivido de todo. Lo que no soporta es la improvisación política.