En Nuevo Mundo, bajo un sol que cae pesado sobre el estadio comunal, 17 comunidades nativas de Megantoni y Echarati recibieron por fin los planos y coordenadas que durante años el Estado les negó. No fue una ceremonia solemne: fue el cierre —a medias— de una deuda histórica con los pueblos Matsigenka, Asháninka, Kakinte y Nanti, que pasaron décadas defendiendo su territorio casi a ciegas.

Las comunidades de Cashiriari, Kirigueti, Kochiri, Miaria, Nueva Luz, Nueva Vida, Nuevo Mundo, Porotobango, Puerto Rico, Segakiato, Sensa, Shivankoreni, Taini y Tangoshiari en Megantoni; y Estrella Alto Sangobatea, Inkaare y Poyentimari en Echarati, recibieron por primera vez información territorial completa, validada y reconocida. Algo tan básico como saber dónde empieza y termina su propia tierra.

Durante los años ochenta, los títulos llegaron incompletos, sin coordenadas precisas. Ese vacío abrió la puerta a todo: superposiciones, taladores ilegales, amenazas, disputas de límites y trabas interminables para acceder a programas de desarrollo. Hoy, después de que MIDAGRI transfiriera 5.2 millones de soles, el Gobierno Regional actualizó planos, validó coordenadas y colocó hitos. Tarde, pero necesario.

El gobernador Werner Salcedo entregó los documentos y afirmó que es “un paso fundamental para garantizar derechos colectivos y proteger la selva”. Las comunidades escucharon, pero saben que el papel no es suficiente: la vigilancia territorial sigue siendo tarea diaria frente a invasores, carreteras informales, mafias de madera y decisiones tomadas desde despachos muy lejos de la selva.

Líderes Matsigenka y Asháninka señalaron que, con esta actualización, podrán fortalecer el control comunal y gestionar proyectos de manejo forestal, agricultura sostenible y servicios básicos que antes se perdían en trámites sin mapas ni coordenadas.

Representantes del Bajo Urubamba y organizaciones indígenas remarcaron lo obvio: el Estado empieza a saldar una demanda que lleva más de 40 años en espera. La selva no puede esperar otro tanto.