Cajamarca | La cronología documentada muestra que las seis compactadoras ingresaron a la Municipalidad Provincial de Cajamarca el 3 de junio y desde entonces atravesaron las etapas administrativas, técnicas y registrales previas a su puesta en funcionamiento. Mientras tanto, publicaciones en redes sociales —e incluso algunos medios— llegaron a afirmar que permanecían abandonadas desde hacía cinco meses.

Durante las últimas semanas, diversas publicaciones difundieron la idea de que las seis nuevas compactadoras de la Municipalidad Provincial de Cajamarca permanecían «abandonadas», mientras la ciudad enfrentaba problemas con la recolección de residuos. Algunos espacios en redes sociales llegaron incluso a señalar que las unidades llevaban cinco meses en esa condición.

Los documentos revisados por este medio muestran una cronología distinta.

Las seis compactadoras llegaron a la Municipalidad Provincial de Cajamarca el 3 de junio. Ese mismo día fueron recibidas físicamente. Sin embargo, ese acto no significaba que pudieran salir inmediatamente a operar.

A partir de ese momento comenzó el procedimiento administrativo.

Los vehículos pasaron por las áreas de Almacén y Logística para el control patrimonial, la verificación documental y el cumplimiento de las etapas previstas en el proceso de adquisición.

Después comenzó una etapa que pocas publicaciones incorporaron al debate.

La inspección técnica.

Mientras afuera circulaban fotografías de los camiones estacionados, dentro de la Gerencia de Desarrollo Ambiental avanzaba un trabajo que no suele verse en redes sociales. La conformidad no se firmó de inmediato. Antes debía completarse una revisión técnica sobre seis unidades que representaban una inversión pública superior a S/ 4 millones.

Durante varios días se inspeccionaron los sistemas hidráulicos, frenos, dirección, suspensión, pistones, chasis, luces, kilometraje y demás componentes de las compactadoras para garantizar que cumplieran las especificaciones técnicas.

La gerente de Desarrollo Ambiental, Deisy Lisset Carrasco Vela, explicó que antes de emitir la conformidad era indispensable culminar esa evaluación.

«No íbamos a firmar más de cuatro millones de soles sin revisar frenos, dirección, pistones y sistema hidráulico. Si mañana ocurría una falla o un accidente, los primeros en preguntarnos por qué firmamos sin verificar serían quienes hoy cuestionan el tiempo que tomó la inspección», señaló.

Concluida la evaluación técnica se emitió la conformidad correspondiente. Posteriormente se efectuó el pago a la empresa proveedora y continuó el proceso registral.

Según informó la funcionaria, las seis unidades ya cuentan con inscripción en Sunarp, placas y SOAT. El único requisito pendiente es la autorización de libre mercancía, documento exigido para el transporte de residuos sólidos.

«Ya tenemos los documentos de Sunarp, los códigos de las seis unidades, las placas y el SOAT. Solamente estamos a la espera del tema de la libre mercancía.», afirmó Carrasco.

La gerente indicó que la municipalidad espera culminar ese trámite en los próximos días para iniciar la operación de las seis compactadoras, que permitirán renovar el 50 % de la flota destinada al servicio de limpieza pública.

Mientras ese procedimiento seguía su curso, en redes sociales continuaban circulando publicaciones que presentaban las compactadoras como supuesta evidencia de abandono.

En algunos casos, el debate dejó de centrarse en las decisiones administrativas para trasladarse al plano personal. En redes sociales circularon montajes e imágenes generadas con inteligencia artificial, acompañadas de insinuaciones sobre la vida privada de la funcionaria, sin presentar evidencia verificable que respaldara esas afirmaciones. La discusión dejó de enfocarse en la gestión pública para convertirse en una campaña de desinformación y ataques personales.

La cronología documentada muestra que entre la llegada de las unidades y su puesta en funcionamiento existieron procedimientos administrativos, inspecciones técnicas, inscripción en Sunarp, obtención de placas, contratación del SOAT y la autorización para transportar residuos sólidos.